El Componente 2 de AL-INVEST Verde organizó el taller “Diligencia debida para el cacao legal en el marco del EUDR”, que dio cierre al ciclo de webinarios “Diálogos sobre cacao sostenible”. Representantes de la Comisión Europea y países productores de América Latina -Brasil, Ecuador y Perú- y África -Ghana- analizaron cuestiones relacionadas con el criterio de legalidad en el marco del Reglamento europeo de productos libres de deforestación y degradación forestal (EUDR).

Martin Karim, Legal and Policy Officer in the Company Law Unit, de la Dirección General de Justicia y Consumidores (DG JUST) de la Comisión Europea, presentó la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD). A continuación, Hélène Beaghe, Policy Officer in charge of employment in supply chains, de la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión Europea, concretó algunos de los aspectos contemplados en esta Directiva.

Tras esta intervención, Alice Bisiaux, experta legal del Instituto Forestal Europeo (EFI), ofreció la ponencia “El criterio de legalidad en el marco de la diligencia debida para el EUDR”. Señaló que el reglamento europeo exige a los operadores que reúnan “información concluyente” para verificar que se aplica el marco legal nacional en los procesos de producción y precisó que “un marco de referencia común reduciría los riesgos y daría a los productos del país una ventaja competitiva”.

Desde Ghana, Clement Akapame, socio de Taylor & Crabbe, señaló que en la actualidad existen en el país “aproximadamente 20 leyes que se refieren o tienen que ver con el Artículo 3 del EUDR”, que recoge que siempre es necesaria una declaración de diligencia debida cuando se lleven a cabo actividades comerciales con cacao, e indicó que esas leyes hacen referencia a la utilización de la tierra, los derechos laborales, el trabajo infantil y los impuestos.

Durante la presentación de experiencias regionales, Felipe Nunes, director del Centro de Inteligencia Territorial (CIT) e investigador de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), presentó la plataforma Selo Verde Minas Gerais, que permite comprobar la producción en áreas protegidas y, por lo tanto, “evidencia la transparencia en la legalidad del proceso”.

Nelson Yepez, subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de  Ecuador, se refirió a la creación del Comité Interinstitucional para la Producción y Comercialización Sostenible, puesto en marcha para impulsar la sostenibilidad y la trazabilidad del proceso de producción, y avanzó la intención de trabajar también con las empresas.

Por su parte, Fernando Javier Martinez Ruiz, director de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI) de Perú, indicó que el país “brindará facilidades al productor-exportador para que facilite al importador información para la diligencia debida” y avanzó que realizarán un manual para recopilar información en el marco del EUDR y, de ese modo, facilitar la declaración de diligencia debida.

El taller fue clausurado por Ute Sontag, coordinadora del Proyecto Agricultura Sostenible para Ecosistemas Forestales del programa SAFE de GIZ (Ecuador), y Emilio Calvo, director del Componente 2 del programa AL-INVEST Verde.

Los “Diálogos sobre cacao sostenible” son una iniciativa que se desarrolla en colaboración con el programa SAFE -ejecutado por la agencia de cooperación alemana, GIZ- y con el apoyo técnico del European Forest Institute (EFI). El primer diálogo tuvo lugar el 16 de mayo y el segundo diálogo, 12 de junio.

EUDR y legalidad

El EUDR exigirá a los operadores que introducen, comercializan o exportan cacao o derivados a los mercados de la Unión Europea el cumplimiento de tres condiciones: estar libres de deforestación, haberse producido de conformidad con la legislación pertinente del país de producción y estar amparados por una declaración de diligencia debida.

En el caso de la legalidad, la producción deberá ser conforme a la legislación pertinente del país de producción. Se deberán cumplir las leyes de ese país relativas al estatuto jurídico de la zona de producción en términos de derechos de uso del suelo, protección del medio ambiente, normativa forestal, derechos de terceros, derechos laborales, derechos humanos protegidos en virtud del Derecho internacional, principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de acuerdo a lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y normativa fiscal, de lucha contra la corrupción, comercial y aduanera.

Acerca de AL-INVEST Verde

AL-INVEST Verde es un programa financiado por la Unión Europea (UE). Su principal objetivo es promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular. A través del Componente 2, liderado por FIIAPP en consorcio con IILA, el programa proporciona asistencia para el fortalecimiento de las políticas públicas y los diálogos entre múltiples partes interesadas sobre las cadenas agrícolas y de valor sostenibles, las normas ambientales y laborales, así como la política comercial y económica sostenible y los marcos regulatorios.